A principios de julio se conocía la noticia. El Congreso de los Diputados daba por aprobado un nuevo marco de Ley de Prevención Contra el Fraude Fiscal en el que se incluía -entre varias modificaciones- la bajada del límite permitido para pagos en efectivo con efecto inmediato.
La cantidad permitida era reducida de los 2.500 euros a tan solo los 1.000 euros. Una medida enmarcada en la lucha contra la evasión de impuestos que en su implementación afecta especialmente a los autónomos.
Desde el pasado 11 de julio, ningún trabajador -independientemente del tamaño de la empresa, sector en el que se desarrolla o tipo de negocio- puede pagar ni recibir dinero por una cifra superior a los 1.000 euros.
Las sanciones económicas a las que se enfrentan en caso de sanción
Las personas o las empresas que decidan saltarse la nueva normativa podrán ser sancionados con hasta un 25% de la base imponible de la sanción tanto para la persona-empresa que decide aceptar el pago como la persona que lo efectúa.
De esta forma queda reflejado en el apartado 5 del artículo 18 sobre la “modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude».
“No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000 euros o su contravalor en moneda extranjera”. Quien incumpla dicha norma se verá sancionado “con una multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento de la base de la sanción”.
La reducción de límite permitido en pagos en efectivo viene provocada por la cantidad de operaciones fraudulentas y engañosas que se realizan en España y que nunca llegan a declararse.
De hecho, según los últimos datos pertenecientes al año 2020 y publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las actividades en “negro” en España suponen un 22.01% del Producto Interior Bruto (PIB) en el país.
