Los autónomos societarios se podrán acoger a la tarifa plana gracias a la Seguridad Social

Tras varias sentencias del Tribunal Supremo donde se reconocía el derecho de los autónomos societarios a acceder a la tarifa plana. La Seguridad Social, por fin, permitirá a los autónomos societarios ampararse a este derecho en similitud a los demás trabajadores.

La tarifa plana quedaría de tal manera:

  1. Primer tramo: si el autónomo opta por su base mínima, pagará 60 euros durante los primeros 12 meses inmediatos al alta. Teniendo en cuenta que la base de cotización es superior para autónomos societarios, no se conoce de momento si será un poco mayor a 60 euros.
  2. Segundo tramo: pago del 50% de la cuota que corresponda, según base de cotización y contingencias, durante los 6 meses siguientes al primer tramo. Eso equivaldría a unos 183,9 €/mes.
  3. Tercer tramo: reducción del 30% de la cuota durante 3 meses más. Como consecuencia, al tener que pagar el 70% de la cuota, hablamos de unos 257,46 euros al mes.
  4. Cuarto tramo: similar al anterior.

La Seguridad Social ha modificado el criterio y los autónomos societarios podrán acogerse a la bonificación para nuevos trabajadores por cuenta propia en las mismas condiciones que el resto de autónomos.

La Federación de Trabajadores Autónomos celebra la victoria de la rectificación de las últimas tres sentencias en las que no se permitía el acceso de lo autónomos societarios, tal y como explica en su página web.

Las sentencias que han justificado este cambio son: sentencia de 3 de diciembre de 2019, dictada en el recurso de casación no5252/2017, de 27 de febrero de 2020, dictada en el recurso de casación 1697/2018, y Sentencia de 4 de marzo de 2020, cuyo tenor literal expresa “debemos reiterar, por razones de seguridad jurídica (artículo 9.3 de la CE) e igualdad en la aplicación de la Ley (artículo 14 de la CE)”.

Los autónomos trabajadores denunciaron la imposibilidad de acceder a la tarifa plana del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) por su condición de societarios hasta en tres sentencias y obligó a la Seguridad Social a devolver las cantidades abonadas de manera indebida a los trabajadores.

La tarifa plana supone una bonificación en la cuota de autónomos de 60 € al mes, lo que supone un ahorro notable para los trabajadores, ya que la cuota mínima es de 283,32 € al mes. En el caso de los autónomos societarios sería mayor, ya que su base mínima de cotización es de 1.214,10 € al mes, un total de 367,80 € mensuales.

Este cambio de criterio ha supuesto un triunfo para las principales asociaciones de autónomos que han celebrado este cambio tan esperado, sobre todo por las diferencias y el agravio comparativo que suponía con respecto a los demás trabajadores autónomos.

 

Impuesto sociedades 2019. Conócelo y aplica sus deducciones para pymes.

¿Qué es el impuesto de sociedades?

El impuesto de sociedades es la obligación tributaria, de carácter directo y naturaleza personal, de todas las empresas y personas jurídicas en función a los ingresos obtenidos durante el periodo fiscal, cuya duración suele ser de un año natural.

Es de carácter directo porque grava la renta según la capacidad económica de la persona jurídica en cuestión y de naturaleza personal porque tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada contribuyente a la hora de concretar lo que está obligado a satisfacer.

Es un impuesto que se exige en todo el territorio español y muy a tener en cuenta por parte de aquellos autónomos, valientes, que hayan decidido crear una sociedad, ya sea sociedad limitada o anónima.

Es un impuesto progresivo, es decir, se establece en función del nivel de ingresos o volumen de negocio de cada empresa.

Impuestos según PYMES, nueva empresa o grande empresa

Según el tipo de empresa que tengas deberás aplicar un tipo de gravamen diferente:

–  Tipo impositivo de un 25%: Cooperativas de crédito, Cajas rurales, Mutuas de seguros generales, Mutualidades de previsión social, Sociedades de garantía recíproca, Sociedades de reafianzamiento de SGR, Entidades parcialmente exentas, Partidos políticos, Comunidades titulares de montes vecinales en mano común.

–  Tipo impositivo de un 25%:

  • PYME
  • Microempresa
  • Empresas de nueva creación; excepto durante el primer ejercicio en el 
que la entidad obtenga beneficios y al inmediato siguiente que será del 
15%.

–  Tipo impositivo del 20%: Cooperativas fiscalmente protegidas (los resultados 
extra-cooperativos irán al tipo general).

–  Tipo impositivo del 10%: Entidades sin fines lucrativos que apliquen el régimen fiscal previsto en la Ley 49/2002.

Tipo impositivo del 1%: Sociedades y Fondos de Inversión y Fondos de activos bancarios.

¿Qué similitud tiene con la renta?

En realidad, la finalidad del impuesto de sociedades y el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), es gravar la renta que se obtiene durante el ejercicio.

Por un lado, como hemos mencionado antes, el Impuesto de Sociedades se dirige a las sociedades y empresas y demás entidades jurídicas; mientras que la renta afecta a las personas físicas, es decir, a los autónomos.

Son impuestos diferentes; la única similitud que podemos destacar es que los dos gravan los ingresos que obtienen durante el ejercicio las personas físicas o jurídicas.

¿Cómo presento el impuesto de sociedades? ¿Es mejor presentarlo uno mismo o a través de una asesoría?

El plazo de presentación ordinaria y obligatoria es hasta el 25 de julio.Todas las empresas cuyo ejercicio económico corresponde con el año natural, deberán presentar el modelo 200.

Es importante destacar que es obligatorio presentarlo, aunque durante el ejercicio no se haya desarrollado actividad ni se hayan obtenido rentas sujetas al impuesto.

La presentación de este tipo de impuestos no es tarea fácil, requiere conocimientos y cierta experiencia, ya que es necesario saber de contabilidad mercantil y conocer las normativas, por lo que es recomendable dejarlo en manos de una asesoría especializada en este tipo de procedimientos; como ASESOR_US, en la que dispondrás de tu propio asesor para resolver dudas y tendrás atención personalizada.

En ASESOR_US somos especialistas en gestionar, supervisar, rellenar y encargarnos de todos los trámites del Impuesto de Sociedades.
Cabe destacar que es obligatoria la presentación electrónica por parte de todos los contribuyentes; ya no es posible la presentación en papel.

Ante la especial situación del COVID-19 recomendamos la tramitación a través de un gestor experto, ya que puede existir algún tipo de excepcionalidad que provoque desconcierto y nosotros podremos ayudarle.

 

¿Qué deducciones hay para PYMES?

En primer lugar, destacaremos una deducción de impuestos es la reducción de una parte o un porcentaje de ellos.
Las PYMES obtienen beneficios fiscales, es decir, ahorros y/o mejoras en su patrimonio como consecuencia del menor pago de impuestos (desgravaciones y deducciones).

–  Deducciones por doble imposición internacional: compensan el haber pagado impuestos por el mismo motivo en el extranjero. Es de dos tipos: jurídica y económica.

–  Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades: la mayoría de las deducciones son un estímulo para distintas actividades que normalmente tienen que ver con el I+D. Por ejemplo: deducción por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo y deducción por creación de empleo.

En este periodo, dada la situación del COVID-19, muchas pequeñas empresas han reaccionado ante la crisis sanitaria, económica y social confeccionando mascarillas y respiradores con impresores 3D.

La producción de materiales sanitarios y productos novedosos para la lucha contra el COVID-19, además de ayudar a la erradicación de la pandemia, en determinados casos, a aquellos a aquellos sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que tributen por la modalidad de rendimientos de actividades económicas por el método de estimación directa, la posibilidad de aplicar la deducción por actividades de investigación y desarrollo (I+D) e innovación tecnológica (IT) que contempla la norma del Impuesto sobre Sociedades.

Aquellas PYMES calificadas como intensivas en I+D e innovación tecnológica podrán aplicar simultáneamente la deducción de ambas actividades, junto con la bonificación en la cotización a la seguridad social del personal investigador.

Por su parte, estos contribuyentes tienen derecho a deducir de la cuota íntegra del impuesto un porcentaje sobre los gastos de las actividades en I+D e IT, que estén directamente relacionados con dichas actividades y aplicados efectivamente a las mismas, constando específicamente individualizados por proyectos y, siempre que el lugar de realización de la actividad se ejerza en España, Unión Europea o Espacio Económico Europeo.

Respecto al concepto de IT solamente serán deducibles los siguientes gastos: actividades de diagnóstico tecnológico; diseño industrial e ingeniería de procesos de producción; adquisición de tecnología avanzada (patentes, licencias, know-how y diseños) siempre que se reúnan determinadas condiciones; y obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de calidad.

La actividad IT, en este sentido, es nueva para el contribuyente, por lo que deberán estar en posesión de la Certificación del Proyecto de I+D o IT emitido por una Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); asimismo, podrán solicitar a la Administración una valoración previa y vinculante de los mismos.

  • Actividades de I+D: a los efectos de cuantificar este porcentaje cobrarán especial relevancia los gastos ejecutados en los periodos impositivos anteriores. Con carácter general, la deducción a aplicar será del 25%. Sin embargo, cuando los gastos del ejercicio sean superiores a la media de los efectuados en los dos años anteriores, se aplica el 25% sobre la media y el 42% sobre los gastos del periodo que excedan de esa media. Asimismo, con independencia de estos porcentajes, la norma concede el privilegio adicional de poder practicar una deducción extra del 17% por los gastos de personal, respecto de los investigadores cualificados vinculados en exclusiva a actividades de I+D; igualmente, también se establece una deducción del 8% del importe de la inversión realizada en elementos de inmovilizado material o intangible (excluidos inmuebles y terrenos), siempre que se encuentren afectos a la actividad.
  • Actividades de IT: se configura un porcentaje de deducción fijo del 12% en relación con los gastos efectuados en el ejercicio respecto de este concepto.

–  Deducciones para incentivar el empleo: es para las PYMEs que usen el contrato indefinido de apoyo a emprendedores con desempleados que estén cobrando el paro. En estos casos, se puede desgravar hasta la mitad de lo que le queda por cobrar con un máximo de doce mensualidades.

–  Deducciones para incentivar el sector audiovisual: se aumenta el porcentaje hasta el 20% para producciones cuyos gastos sean realizados en España y por valor de un millón de euros. Además, se incrementa el límite de la deducción, que pasa de 2,5 a 3 millones de euros.

Para consultar ayudas a PYMES y Autónomos afectados por el Covid-19 puede acceder a la página oficial de la Comunidad de Madrid.

También puede consultar las medidas para proteger a pymes y autónomos frente al Covid-19 en la página oficial de la CCAA.

En ASESOR_US nos ponemos a tu disposición con un asesoramiento personalizado, tanto presencial como por videoconferencia, para ayudarte con los trámites que necesites. Consúltanos, estaremos a tu disposición para facilitarte y acompañarte en todo momento.

Ana Barrero

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Ayuda para autónomos, PROGRAMA CONTINÚA de la Comunidad de Madrid de 17 abril 2020

 

Estimado cliente,

Deseamos que tú y tu familia estéis bien.

Como os hemos ido informando puntualmente durante este periodo tan convulso e histórico. Aquí os dejamos ultima información que ha sacado la Comunidad de Madrid. Creemos que es una buena ayuda y fácil de obtener. No es de gran cuantía, pero en estos momentos todo suma.

¿Cómo se llama la nueva ayuda?

Lo han llamado PROGRAMA CONTINÚA y lo ofrece la Comunidad de Madrid.
La ayuda consiste en el abono del importe de las cotizaciones sociales correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020, de los trabajadores autónomos en dificultades, como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda?

Todos los trabajadores autónomos que desarrollen su actividad en la Comunidad de Madrid, que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), incluidos los socios de cooperativas, de sociedades laborales y de sociedades mercantiles, o incorporadas a una mutua de previsión social que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

1. Haber sido afectada su actividad negativamente por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

2. Haber iniciado su actividad en el mes de marzo de 2020 o haber experimentado, en marzo de 2020, una reducción de ingresos, al menos, un 30 por ciento de la facturación, respecto del mes de febrero de 2020 o respecto del mes de marzo de 2019.

¿Qué requisitos me van a pedir para que me den la ayuda?

a) Desarrollar la actividad en la Comunidad de Madrid.
b) Haber experimentado alguno de los sucesos establecidos en el apartado anterior.
c) Estar dadas de alta en el RETA, o incorporadas a la mutua de previsión social correspondiente, hayan tenido o no que suspender su actividad de manera temporal.
d) Permanecer de alta en el RETA, o incorporadas a la mutua de previsión social correspondiente, durante, al menos, los tres meses siguientes al abono de la subvención.
e) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, y con la Seguridad Social o la Mutua de Previsión Social correspondiente según el caso.

¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes?

Se podrán presentar las solicitudes desde el 17 de abril hasta el 15 de mayo de 2020.

¿La ayuda es compatible con otras?

NO podrán beneficiarse de esta ayuda quienes se hayan beneficiado de:

1. La prestación extraordinaria por cese de actividad, el llamado “paro de autónomos”, contemplada en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

2. De ayudas o bonificaciones de cuotas a la mutua de previsión social correspondiente, es decir, haber recibido por ejemplo la ayuda de la ampliación de la TARIFA PLANA.

3. Del Programa Impulsa para autónomos en dificultades que saco la CAM hace unas semanas.

 

 

¿Cuál es la cuantía de la ayuda?

El importe de la subvención será el equivalente al de las cuotas de los meses de marzo y abril del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social calculadas sobre la base mínima de cotización de dicho régimen por contingencias comunes, esto es 534 €.

Previsión Presupuestaria 2020.

Es de 38,2 millones de euros para 2020, que podrán ser ampliados, lo que permitiría ayudar a unos 71.536 autónomos.

¿Y si dejo de ser trabajador autónomo?

Si la persona beneficiaria no ha permanecido en alta en el RETA, o incorporada de manera alternativa a una mutua de previsión social, durante, al menos, los tres meses siguientes a la recepción de la subvención deberá realizar el reintegro de la misma.
Procederá el reintegro, igualmente, cuando la persona beneficiaria haya causado baja en el RETA o en la mutualidad de previsión social alternativa, durante alguno de los meses respecto de los cuales se haya recibido el pago de la subvención.

¿Cómo presentarlo?

La presentación se llevara a cabo a través del certificado digital en esta siguiente página web.

Tendréis que adjuntar rellena la solicitud que adjuntamos en este correo junto con justificante de pago de las cuotas de la Seguridad Social y el modelo 037/036 de alta en el IAE.

 

Un abrazo del equipo Asesorus.

Asesorus Team,

Madrid a 20 de abril de 2020

RD 9/2020 de 27 de marzo. Medidas anti covid19. Limita el despido, ERTEs, y proceso sancionador

 

Hola Buenos días a todos,

Nuevas medidas adoptadas que afectan a autónomos, pymes, empresas y trabajadores. Ahora ha sido el RD de 27 de marzo. Son medidas en el ámbito laboral, despidos, paro, sanciones, etc. Una de las medidas “mas llamativas” es el régimen sancionador. Si la empresa hace irregularidades, multas de hasta 180 mil euros y además devolver el paro cobrado por sus trabajadores. Los medios de comunicación han creado bastantes titulares que han llevado a la confusión, como lo de no poder despedir. Si se puede despedir. Aquí podréis leer los detalles.

No nos cansaremos de leer todo lo que publiquen, y explicarlas para todos vosotros. Cogemos lo más relevante y hacemos una interpretación práctica. Lo que esta pasando es que sacan normas generalistas con un pequeño desarrollo que no siempre es suficientemente claro, y si de fuerte calado interpretativo.

¿Qué dice sobre despedir a empleados?

Se desarrolla en el articulo 2. La norma elimina como causa para justificar la extinción de los contratos las previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. Los cuales son:

a) La fuerza mayor provocada por pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen:

– Por suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público, y similares.

– Por falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad

– Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

b) Las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.

En definitiva, significa que en el estado de alarma no se puede despedir por motivos de fuerza mayor o causas productivas basado en el Covid-19.

Esto NO significa que no se pueda despedir. Se podrá despedir como improcedente. Y despedir por motivos causas productivas debería ser por motivos no de covid19 y estar muy justificados, aunque, en estos momentos no sería recomendable.

Es evidente que lo que se quiere evitar es que los despidos basados en esas concretas causas tengan un coste menor (20 días por año, tope doce mensualidades) y de ahí que la “sanción” es privarlos de causa, y por tanto, forzar a que sean indemnizados con el máximo legal, pero no prohibirlos como se viene sosteniendo en los medios.

¿Qué ocurre si ya se ha despedido algún trabajador por causa con el COVID-19? ¿Se declararán Improcedentes?

En nuestra opinión, NO necesariamente. La norma entra en vigor el día 28 de marzo y extiende su vigencia al tiempo que dure el estado de alarma, sin establecer ninguna disposición transitoria ni eficacia retroactiva alguna.

En consecuencia, los despidos ya acaecidos hasta el 27 de marzo (incluido), serán enjuiciados conforme a la legislación vigente hasta ese momento. Cuestión diferente es que en esos casos, la improcedencia venga impuesta bien por la concurrencia de defectos formales bien por la insuficiencia por sí misma de la causa a criterio de un juez, es decir, como en cualquier otro despido.

 

 

¿Significa igualmente, que si un contrato temporal, llega a su término pactado, no puede ser objeto de extinción?

Rotundamente, NO.
La norma no prohíbe extinguir los contratos temporales si estos han llegado a su vencimiento pactado, otra cosa son todos los problemas asociados a la extinción ordinaria de contratos temporales). Aclaramos más en el siguiente apartado.

¿Qué está pasando con la tramitación del paro de trabajadores?

La tramitación del desempleo está teniendo graves problemas prácticos para trabajadores y empresas. Teniendo en cuenta que las oficinas de empleo se encuentran físicamente cerradas y teniendo en cuenta también la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo.

La solución que se ha adoptado es la de establecer un procedimiento de “solicitud colectiva” de las prestaciones, en bloque, derivadas de esos expedientes.

Importante resaltar la cuestión relativa a los plazos:

a) Expedientes ya finalizados (por fuerza mayor o causa objetiva, relacionadas con el COVID-19), bien por silencio o resolución administrativa expresa (fuerza mayor) o bien por decisión ya comunicada por la empresa (resto causas objetivas): en este caso, las empresas tienen un plazo de cinco (5) días para formular esa solicitud colectiva que ahora comentaremos. Es decir, debe quedar presentada antes del día 2 de abril de 2020.

b) Expedientes en tramitación:
Por fuerza mayor: la solicitud colectiva debe presentarse en el plazo de cinco (5) días desde que se formula la solicitud de suspensión o reducción por esta causa.
Por resto de causas: la solicitud colectiva debe presentarse en el plazo de cinco (5) días contados desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral su decisión de suspender o reducir jornada.

c) En cuanto al procedimiento:
El sujeto obligado a realizar el proceso es la empresa.
La solicitud debe presentarse en los plazos ya indicados mediante un modelo proporcionado por el SEPE (entidad gestora de esta prestación) acompañado, además, de una comunicación en la que de forma individualizada para cada centro de trabajo se especifiquen los datos requeridos.
Entre esos datos requeridos, hay algunos problemas técnicos pendientes de solución. Por ejemplo el formulario exige numero expediente de la autoridad laboral. Y en Madrid no existe ese número. Seguro lo solucionarán. Pero puede traer retrasos.
Esa comunicación debe contener, además, una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de las personas trabajadoras afectadas. La autorización de cada trabajador o representantes.
La empresa, posteriormente, deberá comunicar por el mismo medio cualquier variación en los datos iniciales, y en todo caso, cuando finalice el período de suspensión o reducción de forma definitiva.
¿La empresa debe remitir el certificado de empresa? Incomprensiblemente, así es. La disposición adicional tercera, cuando hace referencia a la fecha de efectos de las prestaciones por desempleo, establece que la “causa y fecha de efectos” de la situación legal de desempleo debe figurar en el certificado de empresa. Luego debe seguir siendo enviado.
Caso de no transmitirse la comunicación con los datos indicados anteriormente, la empresa podrá ser multada con un importa que oscila entre los 626 euros y 6.250 euros, al ser tipificado como falta grave.
La fecha de efectos de la situación legal de desempleo (Disposición adicional tercera), en los supuestos de fuerza mayor, será la del hecho causante de la misma (con carácter general, la fecha de declaración del estado de alarma, 14 de marzo). En el resto de supuestos, será la fecha en que la empresa comunica la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada a la autoridad laboral.

¿Qué ha cambiado en los ERTES?

La duración de estos expedientes queda limitada al período en que se mantenga la declaración del estado de alarma, sea en su duración inicial o sus prórrogas. Y ello afecta tanto a los autorizados por resolución expresa, como a los autorizados por silencio administrativo, al margen y con independencia de la fecha que se haya hecho constar como de finalización en la solicitud inicial.

Algunas empresas esperaban poder tener un ERTE por el segundo trimestre. Lo cual, ahora, por los motivos del Covid19 no va a poder ser.

Aunque esto último es de dudosa legalidad. Si el expediente ha sido ya aprobado no debería tener ningún cambio en su duración.

¿Puede una empresa que ha instado y le ha sido autorizado un expediente por fuerza mayor, iniciar otro expediente de suspensión al mantenerse una situación productiva u organizativa que así lo exija?

No todas las empresas van a poder reiniciar su actividad con plena normalidad una vez finalice el estado de alarma, por lo que puede verse en la necesidad de mantener esa situación de suspensión, o reducción, y bien para toda la plantilla, o bien para una parte de ella.

En estos casos y a nuestro juicio, las empresas Sí podrán acudir a un nuevo expediente suspensivo si bien y como es lógico, ya no estará basado en la fuerza mayor (que por disposición legal finaliza con el estado de alarma) sino basado en causa productiva, económica, técnica u organizativa.

En este sentido, recomendamos que se analice si la recuperación o reinicio de la actividad se va a producir inmediatamente o no.

 

 

¿Y es posible instar despidos individuales o colectivos una vez finalizada la vigencia del expediente por fuerza mayor?

La respuesta es igualmente afirmativa, si bien hay que actuar con prudencia, porque la cercanía en el tiempo de una paralización de la actividad tan radical como la que se está sufriendo, puede introducir serias y fundadas dudas sobre el carácter estructural de la situación económica, productiva u organizativa de la empresa y por lo tanto, sobre el fundamento legal de una medida tan radical como el despido.

Recomendamos, por tal razón, que las decisiones extintivas se pospongan hasta un momento, ya con cierta separación temporal, que permita hacer un análisis más estable, de carácter más estructural, sobre la situación de la empresa.

¿Qué dice el nuevo RD sobre las sanciones?

Esta es, a nuestro juicio, la medida “estrella” de este Decreto (aunque en prensa se estén focalizando en la prohibición de los despidos), por cuanto que va a tener consecuencias muy relevantes para las empresas, en el medio y largo plazo, que hayan instado expediente de regulación de empleo.

Su título ya es expresivo: régimen sancionador, y nos da una clara idea de lo que se pretende: establecer dos tipos sancionadores que abran la posibilidad no sólo de multar a las empresas sino exigirles, como sanción accesoria, la devolución de todas las prestaciones por desempleo percibidas por su plantilla. Y ello sobre una presunción ciertamente escandalosa y prematura como es que todas las empresas están usando el ERTE de manera fraudulenta.

Dejando al margen esa valoración, lo cierto es que concretamente, se introducen dos tipos sancionadores:

a) Que la empresa presente solicitudes que contuvieran falsedades e incorrecciones en los datos facilitados. ¿A qué “solicitudes” se refieren…?
– ¿A las solicitudes colectivas de desempleo, a las solicitudes de expediente de regulación de empleo por fuerza mayor…? No queda claro.
– Lo que sí es claro es que el art. 22.3.c) de la Ley Sobre Infracciones y Sanciones, ya contemplaba como comportamiento sancionable “el falseamiento de documentos, ….”.
– Se trata de una infracción muy grave sancionable con multa de Multa de 6.251 € a 187.515 € y multas accesorias.

b) Que la empresa solicite medidas que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones. El grado de imprecisión es palmario: “necesario”, “conexión suficiente”, son conceptos jurídicos indeterminados.
Además de la multa correspondiente y de las responsabilidades penales que correspondan, la empresa debe devolver al estado las prestaciones de desempleo cobradas por sus empleados.

Finalmente señalar que en el Decreto, se habilita para incluir entre los planes de la Inspección de Trabajo, la comprobación de estos incumplimientos novedosamente regulados ahora. Es decir, se está advirtiendo (¿amenazando?) a las empresas de que van a ser objeto de inspección por haber solicitado estas medidas, habilitando a la Inspección de Trabajo a colaborar con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (¿?) para ese fin?.

En Madrid, a 30 de marzo de 2020.

Limitación de pagos en efectivo, autónomos y PYMES, según ley 7/2012

1 – CONCEPTO DE PAGOS EN EFECTIVO PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

A. El ámbito, pymes, autónomos, empresas

Todas las transacciones, operaciones que supongan pagos entre un autónomo, pyme, empresa con sus proveedores, trabajadores, clientes. Leer más